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Por Scarlett Lee

descargaAl estilo de las novelas y series colombianas donde los políticos sufragan sus campañas electorales y gastos personales con el dinero mal habido del tráfico de drogas, parece estar actuando el “Coordinador General” de la mal llamada UNPACU, José Daniel Ferrer García.

Hace unos días este señor publicó en el canal YouTube un video titulado “Las autoridades alegan una cosa, la afectada explica otra. Lo cierto es que le confiscaron la casa” en el que Odalis Guerra Gómez vecina del municipio Contramaestre denuncia la “confiscación” de su vivienda por las autoridades. Días atrás en la red social Twitter Ferrer García se había referido a este mismo hecho alegando que Odalis estaba siendo víctima de “desalojo”-palabrita que se ha convertido en una muletilla para los que viven de manipular la realidad de Cuba.
Pero ¿qué hay de cierto en la denuncia de Odalis Guerra Gómez? Absolutamente nada. Un colega periodista de este municipio me ha hecho llegar algunas informaciones y aquí se las comparto.
Odalis es esposa de Juan Carlos Despaigne Guzmán, quien ha sido sancionado por los tribunales a 7 años de privación de libertad por el delito de tráfico de drogas; aunque no es la primera vez que incurre en ello. Pero lo que ella –convenientemente- ignoró al tramitar su “denuncia” con la UNPACU y Ferrer García al manipular el hecho, es que al ser juzgado Juan Carlos, inmediatamente se le aplica el Decreto Ley 232, el cual regula la confiscación de bienes muebles e inmuebles a los comisores del delito de tráfico de drogas. Basado en este decreto, su vivienda fue confiscada.

Tengo mi teoría de por qué Ferrer García se dedicó a manipular un hecho de este tipo, sabiendo incluso, que Odalis y su pequeño hijo no serían tirados a la calle, como normalmente sucedería en cualquier otro país del mundo en una situación similar; a ellos les fue entregado un apartamento con condiciones confortables para vivir, lo que solo sucede en la Cuba de “los Castro”.

¿Será que de este negocio tan denigrante, le caen algunas donaciones para su “lucha pacífica por la democracia”?

Pero esta historia oscura no comienza ni concluye aquí, también en mayo de este año, Ferrer García tramitó -por llamarle de algún modo- la “denuncia” de Raiza Valera Fernández, esposa del preso Yoennis Tisser Bauta, quién pedía en nombre de este, “respeto a los Derechos Humanos y bla bla bla”. Pero la verdad es que Raiza necesitaba el dinero que le pagaron por hacer esta denuncia, ya que se encuentra acusada por intentar introducir a la prisión conocida como “El Caguayo” más de 280 tabletas de carbamazepina, un psicofármaco con el que Tisser Bauta se dedicaba a lucrar dentro de este centro penitenciario y una de las razones por las que se ha buscado problemas y ha aumentado su estancia allí.

Otro ejemplo de cómo la UNPACU se ha visto en una “nebulosa” respecto a este tema, es la sanción que cumplió Héctor Manuel Hierrezuelo -miembro de esta des-organización- por el delito de tráfico de drogas; sin embargo, fue defendido por la UNPACU como “preso político”, a sabiendas de su historial en este negocio. Y también entre sus “lugartenientes” se encuentran ex reclusos por este delito, como Ovidio Martín Castellanos y recientemente, el camagüeyano José del Risco Martín, conocido entre los antisociales como “El Ruma”.

Ante estos elementos, se debe recordar que la UNPACU es un antro de delincuentes y antisociales, entre los que se encuentran un número importante de consumidores de drogas, pero estos, más bien son víctimas.

Tal vez de ahora en adelante, haya que cambiarle el nombre a Ferrer y ponerle uno bien rimbombante, uno de esos que usan en las novelas colombianas los jefes de los carteles. Espero por su bien, que no sea el de “Señor de los Cielos”.

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