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Por Lilieth Domínguez Quevedo*
Más de 16 mil 500 medidas se han aplicado en la provincia de Santiago de Cuba, por diferentes violaciones cometidas en viviendas e instituciones estatales y particulares, que atentan contra la higiene que debe mantenerse para garantizar la salud de la población.
La Lic. Rosandra Mulet Galindo, jefa del Departamento de Fiscalización Sanitaria en la provincia, en entrevista ofrecida a Sierra Maestra valoró como inadmisible la falta de conciencia de gran parte de los santiagueros, ante el peligro que enfrentan por la proliferación de enfermedades como el cólera y el dengue.
En tal sentido informó que el territorio cuenta con un cuerpo de 351 inspectores, capacitados, formados y acreditados para hacer cumplir las normas higiénicas, sanitarias y epidemiológicas que contribuyan a erradicar, tratar y disminuir cualquier riesgo de propagación de epidemias, y el incremento de la morbilidad.
Para ello se apoyan en cuerpos legales como la Ley 62 del Código Penal de la República de Cuba, la Ley 41 de la Salud Pública, la Ley número 13 de Protección e Higiene del Trabajo, y numerosos decretos como el 54, 139, 104 y 100, entre otras resoluciones que los facultan a realizar inspecciones en centros laborales estatales y particulares, y en las viviendas.
Según enfatizó Mulet Galindo, en estos se advierten claramente las medidas que deben aplicarse ante cualquier violación de lo establecido, entre ellas el pare de la actividad, retiro de licencias, decomiso de materia prima ante dudosa procedencia, multas, e incluso remisión del caso a los tribunales, en dependencia del peligro que se identifique durante la intervención.
Entre las principales infracciones registradas en el territorio mencionó la incorrecta manipulación y conservación de alimentos, y la no disponibilidad de agua corriente y de sustancias desinfectantes para la higiene en los sitios donde se expenden.
Además significó la desfavorable limpieza ambiental, enyerbamiento, estancamiento de agua, disposición de desechos fuera de lugar, y en las viviendas el mal saneamiento, crianza de animales como cerdos y la tenencia de caballos en zonas urbanas sin autorización.
Cuando se detecta una violación –recalcó- las multas pueden ser desde 200 hasta 400 pesos, en centros estatales puede ascender hasta 600 pesos, y en particulares hasta 1500 pesos, y conllevar a otras medidas más drásticas.
En los casos en que no se cumpla lo dispuesto por los inspectores en el tiempo que estos determinen, y como consecuencia, por ejemplo, se encuentren focos de mosquitos o se enfermen personas, los infractores pueden ser demandados y juzgados ante los tribunales por propagación de epidemia, enfatizó.
La directiva hizo un llamado a toda la población a contribuir con la limpieza en todos los lugares donde se encuentren, además insistió en el apoyo necesario al personal de inspección sanitaria estatal, ubicado en el Departamento de Higiene y Epidemiología de cada policlínico de la provincia.
*Tomado del Periódico Sierra Maestra
Santiago Arde 