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Por Scarlett Lee
Un artículo del sitio español Cubaencuentro (CE) -de la «comunidad trasnacional cubana» y con un discurso abiertamente en contra de nuestro gobierno- ha despertado nuevamente mi interés por la lucidez demostrada en cuanto a caracterizar a la mal llamada «disidencia cubana», amén de las expresiones en contra del sistema social cubano, con las cuales, por supuesto, no comulgo. Bajo el título «Disidencia y despilfarro» la redacción de Cubaencuentro explica algunas cuestiones sobre los mercenarios cubanos y los programas pagados por el Gobierno de Estados Unidos para el «cambio democrático» en la isla que pongo al alcance de ustedes, pues hay que aprovechar esos escasos momenrso en los cuales los que » nos critican, critican a sus defendidos» con conocimienro de causa. Dice CE:
«Washington debe interrumpir la entrega de fondos para la disidencia cubana. No para congraciarse con el gobernante cubano Raúl Castro, sino por un hecho simple: está botando el dinero. Si alguien en el exilio considera que los opositores deben ser mantenidos, debido a que el Gobierno de la Isla no les da trabajo —explicación que ha perdido vigencia a partir de la posibilidad del empleo por cuenta propia—, la respuesta es simple: echar mano al bolsillo.»Hay decenas de trabajos a realizar —desde costureras y peluqueras hasta fontaneros y albañiles— que pueden ser desempeñados sin convertir la tarea opositora en un empleo. En primer lugar, porque estas actividades no se realizan a tiempo completo, como se ha demostrado a través de los años. En segundo porque, de existir la categoría de disidente profesional, al menos se debería exigir cierta efectividad (..)»
Respecto a los millones destinados a «promover la democracia en Cuba» CE argumenta:
«Creados durante la administración de Bill Clinton, los programas denominados Cuba Democracy Assistance se ampliaron bajo la presidencia de George W. Bush y han continuado durante el mandato del presidente Barack Obama. No se trata de establecer mejores controles administrativos. En este sentido han ocurrido mejoras y la situación no es tan caótica como en otros tiempos. A partir del 2004 se establecieron mecanismos de “competencia oficial para seleccionar a quienes reciben las donaciones” y entraron en vigor medidas adecuadas para mejorar la supervisión de los programas. Pero ello no ha evitado la continuación de una práctica a la que hay que poner fin, ya que se trata de una política caduca y fracasada. Las cifras son elocuentes.
Por ejemplo, de los $65 millones otorgados por la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), para ayudar a un cambio democrático en la isla, empleados en la financiación de 40 programas entre 1996 y 2005, $62 millones fueron otorgados en “respuesta a propuestas no solicitadas”, lo que quiere decir que se dieron sin la existencia de proyectos compitiendo para recibir las donaciones. En 2008 el Congreso aprobó $40 millones para los dos años siguientes. Luego continuó aprobando fondos con este objetivo. Entre los años fiscales de 2009 al 2011 se destinaron $55 millones al respecto. De ellos, la USAID administró cerca de $31 millones, mientras el Departamento de Estado se hizo cargo del resto. A su vez, $20 millones se destinaron para el año fiscal de 2012. Para 2013 se entregaron $15 millones, en 2014 $20 millones y en 2015 y 2016 $30 millones.
La USAID fue por años la agencia encargada de entregar la mayor parte de los fondos destinados a lograr un cambio democrático en Cuba, aunque en febrero de 2014 quedó excluida de los $17,5 millones consignados para programas por la democracia en Cuba, en medio de quejas de disputas políticas partidistas y de que la agencia ha manejado esos programas de modo erróneo.
En total, se ha gastado $232,5 millones sin resultados visibles.
La USAID no es la única que otorga dinero de los contribuyentes para actividades destinadas a promover cambios. La Fundación Nacional para la Democracia (NED) es otro importante receptor de fondos del Gobierno de Estados Unidos para sostener programas con este objetivo, aunque por definición es una organización no gubernamental.
Por supuesto que no todo este dinero ha sido entregado a la disidencia o a las organizaciones en Miami que representan a los diferentes grupos, sino que también ha servido para el financiamiento de rotundos y notables fracasos, desde la encarcelación del exsubcontratista Alan Gross hasta programas como ZunZuneo y la promoción del hip-hop.»
Y concluye el artículo: «Los cientos de millones mal empleados deberían servir por sí solos para poner fin a este disparate. Sin más demora. Pero hasta ahora Washington ha preferido continuar entregando el dinero sin preocuparse por los logros de los proyectos, al punto de despertar la sospecha de si su interés es realmente premiar los fracasos.»
Lean, analicen y como dice Taladrid: «saquen sus propias conclusiones», la mesa está servida y la verdad salta a la vista.
Santiago Arde 